El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM ex-D2) es un sitio recuperado para preservación y difusión de la memoria sobre el terrorismo de Estado y para la defensa y promoción de los derechos humanos. Sus instalaciones pertenecieron al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) y fueron destinadas a la represión política ilegal, antes y durante la última dictadura cívico-militar. El lugar fue sede del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Extermino (CCDTyE) más importante del Gran Mendoza.
16-05-2020 | Falleció Helga Markstein de Tenenbaum, incansable Madre de Plaza de Mayo de Mendoza, siempre presente en la lucha por el secuestro y desaparición de su hija Gisela Tenenbaum en abril de 1977.
Fue médica en nuestra comunidad y su vida estuvo signada por la persecución nazi en la infancia, recreada por la Dictadura. Junto a su compañero de vida, Guillermo Tenenbaum, afrontaron el dolor y la resistencia hasta el final de sus días dando grandes muestras de solidaridad.
Helga había nacido en Austria y emigró junto a su familia para radicarse inicialmente en Buenos Aires, aunque su destino elegido fue Mendoza. En la primera etapa de su vida se vinculó al exilio proveniente de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, sumándose a actividades políticas y culturales.
Helga estudió medicina en la UNCuyo junto a su esposo Guillermo Tenenbaum y prestó servicios en el Hospital Emilio Civit de donde fue cesanteada por la dictadura de 1976, debido a sus convicciones sociales, a su condición de judía y de madre de una “subversiva”.
Cuando su hija Gisela optó por la militancia en Montoneros supo comprenderla y acompañarla. Brindó su hogar para alojar a personas perseguidas según se supo a través de la declaración que ofreció en el IV juicio por delitos de lesa humanidad en el que se debatió el secuestro de su hija. Fue una mujer valiente que sufrió el acecho de los genocidas en carne propia y supo tener la mano tendida aún a riesgo de su propia integridad.
Formó parte de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas en plena etapa de la dictadura y en los últimos años caminó junto a las Madres reclamando por el conjunto de los y las desaparecidas.
El 8 de marzo de 2013 fue declarada“Ciudadana Ilustre” de Las Heras, distinguida por su valentía y compromiso en la lucha por memoria, verdad y justicia; merecido reconocimiento del departamento en el que residía y en el que desplegó sus conocimientos como médica siempre atenta a las necesidades de la comunidad.
Helga era una bella persona, firme y tierna, siempre con una sonrisa y dispuesta a seguir adelante con entusiasmo.
Hoy, con infinita tristeza, sus compañeras y compañeros le damos el adiós a la maravillosa Helga.
15-05-2020| En las últimas semanas ocurrieron ataques contra sitios señalizados y expresiones de homenaje popular a las víctimas del terrorismo de Estado. Las sombras del negacionismo, los dos demonios y la impunidad salen en medio de las noches del aislamiento social, preventivo y obligatorio a patotear la memoria.
Organismos y áreas estatales de derechos humanos denunciaron, públicamente y ante la Justicia Federal, destrozos y ataques en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe.
Militantes y familiares informaron a través de redes sociales que las baldosas colocadas en memoria de estudiantes del Colegios Normal 7 de CABA fueron cubiertas de brea. Esas marcas fueron colocadas en homenaje a las estudiantes, detenidas desaparecidas Liliana Aimetta, Dora Falco, Silvia Gallina, Teresa Israel, María Delia Leiva, Mónica Teszkiewicz y Susana Silver. Significativamente, esto ocurrió el mismo jueves que la derecha promovió un cacerolazo “contra el comunismo”. En la misma ciudad, los murales por la memoria, la verdad y la justicia del colegio Normal 8, del Comercial 25 y del Centro Cultural La casa de Teresa también fueron atacados. Inscripciones reivindicativas del genocida Jorge Rafael Videla pueden verse sobre las obras.
En Santa Fe, el predio del Ejército denominado Campo San Pedro, donde funcionó un centro clandestino de detención, sufrió destrozos por parte de manos anónimas. Ese lugar es un Sitio de Memoria señalizado bajo ley nacional 26691 y por lo tanto bajo preservación para la verdad y por la justicia. Familiares de detenidos desaparecidos de esa provincia junto a la Secretaría de Derechos Humanos local hicieron público el hecho y presentaron denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Oral Federal. También denunciaron el robo de sus materiales y la sustracción de las rejas de la casa principal. En este lugar fue hallada una fosa clandestina en la que se recuperaron los restos de 8 militantes detenidos desaparecidos en 1977.
Desde el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 repudiamos enérgicamente estos actos y esperamos que se tomen todas las medidas posibles tanto para dar con los culpables como para la protección y restitución de estos lugares.
El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2) sentó posición ante a la situación de las personas privadas de libertad en contexto de pandemia. Algunas consideraciones sobre la justicia, la democracia y los derechos humanos.
Frente a la situación de la población carcelaria y la versión engañosa de que habrá liberación masiva de presos, desde el EPM exD2 -en coincidencia con organismos de derechos humanos que lo componen- ratificamos nuestro compromiso con la Justicia. Esta es la fortaleza que atraviesa nuestra historia.
En esa línea, sorprenden los dichos del gobernador Rodolfo Suarez colocándose por encima de la Justicia para determinar qué sucederá con los presos que solicitaron prisión domiciliaria. Asimismo, vemos con preocupación la doble vara utilizada por algunos actores sociales y medios de comunicación para abordar las prisiones domiciliarias otorgadas a los genocidas y las posibilitadas a otros detenidos por delitos menores.
Dada esta circunstancia, creemos necesario expresar nuestra posición y realizar algunas consideraciones imprescindibles.
El contexto de pandemia agrava la situación de ciertos colectivos en particular, por la mayor vulnerabilidad ante el posible contagio. En este grupo encontramos a las personas encarceladas, en tanto en caso de ingresar el virus a una cárcel, los efectos multiplicadores pueden ser desastrosos en términos humanitarios, considerando particularmente las condiciones de hacinamiento y carencia de condiciones de higiene dignas y seguras para la salud.
Es por ello que los organismos internacionales de derechos humanos, así como numerosos organismos nacionales, de la sociedad civil y de la propia justicia nacional y provincial, han tomado medidas y sugerido acciones de prevención y descompresión de las cárceles.
En este marco, algunos sectores sociales, políticos y mediáticos no han escatimado en tergiversar la información sentando una idea falaz: la liberación masiva de presos.
Los números provinciales y nacionales desmienten esto por completo y la Justicia ha dado sobradas explicaciones de que se está trabajando exclusivamente en la posibilidad de prisión domiciliaria de las personas en grupo de riesgo, o bien en las libertades condicionales y asistidas para quien legalmente se encuentran en condiciones de acceder a ellas.
La Justicia ha sentado también criterios para ello, desaconsejando medidas domiciliarias para quienes están por delitos graves y condenas largas, o por delitos contra el género o la integridad sexual, cuestión que compartimos.
Ahora bien, sorprenden dos cuestiones aquí. La primera es que la Justicia Federal, en particular la de Cuyo, ha dado una gran cantidad de domiciliarias a genocidas desde el primer momento de la pandemia. Es decir, el delito más grave de la escala penal, ha recibido una morigeración de la prisión sin mucho vericueto y sin ningún tipo de manifestación social y política en contra de estas.
¿Tenemos acaso una doble vara? ¿Nos parece más grave que una persona por hurto o robo vaya a su casa que que lo haga un genocida? De ser así, esto nos debe llamar a una profunda reflexión ética, social y política.
Por otra parte, ¿es este un tema que deba resolver un gobernador o el Poder Ejecutivo de cualquier nivel? La respuesta republicana es que no. Cualquier domiciliaria o libertad es una cuestión netamente jurídica y es el Poder Judicial el encargado de ello. Por lo que que un gobernador exprese que no liberarán presos de manera masiva ‒o a nadie‒ es una cuestión que funcionalmente le excede, pero además se asienta en una clara demagogia que lesiona la división de poderes y, por ende, la propia democracia.
Por último, la Justicia debe darle domiciliaria o libertad a quien corresponda, teniendo en cuenta la particular vulnerabilidad frente al contagio viviendo en hacinamiento y encierro. Y aquí, además de justicia, se requiere humanidad. Tanta humanidad como nuestra compañera Silvia Ontivero ha demostrado acordando con la domiciliaria de quien asesinó a su hijo Alejo. Tanta ética y humanidad como se requiere tenga la sociedad, la política, la justicia y los medios de comunicación.
Los organismos de derechos humanos nos identificamos en esta humanidad, en esta búsqueda incansable de justicia contra toda pretensión de venganza. No bajamos esta bandera frente a ningún contexto, pues es en esos valores en los que la memoria se asienta y fortalece. La situación carcelaria es parte de nuestra lucha, esta que sostenemos hace más de 40 años: una lucha incansable por la protección y defensa de los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia.
25-04-20 | El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2), del cual forma parte el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes (CPPT), rechaza la represión en el interior de penales provinciales.
Replicamos el comunicado que realizó el CPPT tras las últimas instancias de acuerdo logradas en la Unidad Penitenciaria III -penal destinado a mujeres y situado en la localidad de El Borbollón, Las Heras-.
Informe respecto a situación de mujeres privadas de libertad en U3 El Borbollón, Mendoza. 24 de Abril:
El Comité
de Prevención de la Tortura estuvo presente el día de la fecha en la Cárcel de
Mujeres del Borbollón, frente a los reclamos realizados por las mujeres allí
alojadas, y la respuesta represiva de la institución.
Se constituyó espontáneamente una mesa de diálogo, en la que estuvieron presente: Sebastián Sarmiento Juez de Ejecución Penal, Romina Cucchi Subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luis Romero Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Alfredo Guevara Abogado colaborador del Comité de Prevención de la Tortura, y Patricia Farina del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
El reclamo
de las mujeres tiene como fundamento el incumplimiento del Habeas Corpus
resuelto en el marco de la pandemia, principalmente el impedimento y requisitos
para el ingreso de celulares con cámara, a diferencia de otras unidades penales
de varones.
De la represión resultaron cinco mujeres heridas por balas de goma disparadas a corta distancia, quienes también participaron de la mesa de dialogo, al igual que una referente de cada Sector, donde dieron testimonio de lo sucedido. El Juez Sarmiento puso en conocimiento a la Fiscalía de Violencia Institucional a fines de tomar declaraciones de las mujeres heridas.
Se resolvió que, desde el lunes se permitirá el ingreso de celulares con cámaras como sucede en otros penales. Se atendió a las situaciones de pedidos de prisión domiciliaria. Las defensorías se comprometieron a trabajar cada una de las situaciones. Además se atendieron cuestiones relacionadas con reclamo de ingreso de alimentos.
Se acordó que el lunes próximo se realizará nuevamente la mesa de diálogo para descomprimir la situación, y la misma se sostendrá el tiempo que sea necesario.
COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
Desde el Consejo Directivo del EPM exD2 exigimos al Ejecutivo provincial y a la Justicia que instrumente todas las medidas y supervisiones necesarias para garantizar la sanidad, integridad y contacto con sus familias de las mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria III, lo mismo para todas las unidades penales de la provincia.
El Tribunal Oral Federal 1 –TOF 1‒ de Mendoza otorgó prisión domiciliaria a los procesados y/o condenados Carlos Ledesma, Segundo Héctor Carbajal, Oscar Simone, Oscar Bianchi, Pedro Linares, Juan Carlos Ponce y Omar Navarro. El mismo criterio adoptó el TOF 2 de San Rafael con respecto a Mario Ocampo. Mediante una acordada, la Cámara de Casación Penal Federal había instado a los jueces a resolver rápidamente los pedidos de domiciliaria y flexibilizar los criterios de otorgamiento debido a la pandemia provocada por el Covid-19. La fiscalía y la querella del MEDH recurrieron la medida sin resultados positivos.
En respuesta a la disposición de la instancia superior, los Tribunales Federales asentados en la provincia de Mendoza establecieron el arresto domiciliario “cautelar, excepcional y provisorio” de ocho detenidos por delitos de lesa humanidad. Estos quedarán a cargo de la Dirección de Promoción del Liberado y del Programa de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La dependencia se encargará de la colocación de un dispositivo de monitoreo interno y de observar la prohibición de salir del país. Asimismo, ordena que se libren los oficios para el cumplimiento de las medidas.
Los beneficiados
La Acordada N° 3/2020 de la Cámara de Casación Penal Federal está basada en el decreto de Presidencia de la República que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio de la ciudadanía debido a la pandemia del coronavirus. La Cámara insta a agilizar la resolución de los pedidos de prisión domiciliaria y señala que deben priorizarse las personas detenidas por delitos o penas leves ‒próximas a salir en libertad‒, las que tengan problemas de salud o integren grupos de riesgo. Según la disposición, las excarcelaciones deben ejecutarse con rapidez. Los abogados de los represores invocaron la edad y razones de salud para afirmar que sus representados se encuentran dentro del grupo de riesgo previsto por la norma y solicitaron que se los regresara a sus casas.
La prisión domiciliaria les fue concedida a:
Carlos Eduardo Ledesma: exoficial del Ejército, condenado a 22 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad y torturas, cometidos contra mujeres concentradas clandestinamente en el Casino de Suboficiales del Ejército poco después del golpe del 24 de marzo del 76.
Carlos Ledesma
Segundo Héctor Carabajal: miembro del Destacamento de Inteligencia 144, condenado a 10 años de prisión por la apropiación de la nieta recuperada 117, Claudia Domínguez Castro. Fue hallado culpable de falsificación de documento público, así como de retención y ocultamiento de identidad de la hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, ambos desaparecidos. Por pedido de la querella a raíz de esta criticada medida, Carabajal tiene una consigna policial.
Héctor Carabajal
Oscar Simone: Personal Civil de Inteligencia –PCI‒ dependiente del Destacamento de Inteligencia 144, procesado en la causa que se encuentra actualmente en debate. Simone era empleado en la Dirección de Transporte y compañero de Roberto Blanco, secuestrado y desaparecido en 1976. Por este hecho llegó a juicio.
Oscar Bianchi: oficial del Servicio Penitenciario condenado a 6 años por asociación ilícita, privación abusiva de la libertad y tomentos agravados contra presos políticos alojados en la cárcel provincial de Boulogne Sur Mer.
Oscar Bianchi
Pedro Linares: agente penitenciario condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita y por encubrir los delitos cometidos contra los presos políticos que se hallaban en la Penitenciaría Provincial.
Pedro Linares
Juan Carlos Ponce: subcomisario de la Policía de Mendoza que revistaba en la Seccional 16 de Las Heras, está a la espera un nuevo veredicto después de que la Cámara de Casación revocara la absolución dictada por el TOF 1. Fue acusado por el encubrimiento de tres desapariciones acaecidas en su jurisdicción con intervención de personal bajo su mando.
Omar Navarro Moyano: miembro del Ejército perteneciente al Destacamento de Inteligencia 144, procesado en la causa actualmente en debate. Se profugó antes de iniciarse el noveno juicio, pero recientemente fue ubicado y detenido.
Mario Guillermo Ocampo: excoronel del Ejército procesado por el TOF 2 por la desaparición del soldado Félix Órdenes y por otros delitos cometidos en San Rafael y Gral. Alvear. Estuvo siete años prófugo y fue detenido en 2019. Simultáneamente, Ocampo debe responder ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín de la provincia de Buenos Aires por la causa que trata los asesinatos perpetrados en el marco de la Contraofensiva Montonera.
Preocupan particularmente las domiciliarias de Navarro y Ocampo que estuvieron prófugos hasta su detención, conducta que constituye un antecedente relevante para no obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Hay varios pedidos de prisión domiciliaria. Jorge López miembro de la Fuerza Aérea, detenido en el penal de Ezeiza, la solicitó pero le fue denegada por el TOF 1 por estar debidamente aislado. En cambio, están pendientes de resolución los pedidos a favor de José Garro y Guillermo Campanille. Por su parte, el TOF 2 de San Rafael debe dictaminar en los casos de Daniel Guajardo y Oscar Raúl Pérez.
Variados rechazos
Las prisiones domiciliarias otorgadas por los Tribunales Federales de Mendoza merecieron el cuestionamiento de las fiscalías, la querella del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, así como de las organizaciones sociales y organismos que nuclean a las víctimas de los detenidos.
Las unidades fiscales abocadas a los delitos de lesa humanidad radicadas en Mendoza y San Rafael respondieron a la solicitud de prisión domiciliaria de los ocho detenidos con similares argumentos. Admitieron que los beneficiados están comprendidos en el grupo vulnerable por su edad avanzada, pero pusieron en discusión el aislamiento preventivo para evitar la infección, prescripto por la norma. Según los fiscales, en las penitenciarías no hay casos de infectados ni sospechados en observación, mientras que el afuera de las cárceles es un ámbito que reviste mayor riesgo de contagio, por lo que expresaron preocupación por la medida.
Además, dictaminaron que se observe la igualdad ante la ley para todos los casos que se encuentran bajo la jurisdicción de los Tribunales Federales, de modo que las prisiones domiciliarias no se constituyan en un privilegio para los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Pablo Salinas y Viviana Beigel señalaron que, pese a ser querellantes por el MEDH y por Abuelas de Plaza de Mayo, no fueron consultados. Agregaron que las medidas tomadas por el tribunal ameritaban informes médicos exhaustivos de cada caso y la confirmación de que dentro de las cárceles existiera un riesgo cierto de contraer la enfermedad.
Asimismo, resaltaron que los delitos de lesa humanidad son los crímenes más graves previstos en el código penal e invariablemente tienen impacto sobre las víctimas. Este planteo concitó el apoyo de la Federación de Docentes Universitarios –CONADU‒ que a través de un comunicado acompañó el rechazo a las prisiones domiciliarias.
Distintos sectores se mostraron molestos por la concesión de esta medida por considerarla discriminatoria, ya que contraría las históricas demandas de los organismos de derechos humanos y complace los pedidos de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad sin argumentaciones sólidas, mientras desoye los urgentes reclamos de una amplia población carcelaria. Varias organizaciones advirtieron trato desigual por parte de la justicia.
ORGANISMOS DE DERECHOS DERECHOS HUMANOS DE MENDOZA
30.000 decimos ¡Presente!
A 44 años del golpe militar del 24 de marzo que arrasó nuestras vidas, produjo la debacle económica del país y el terror social, reiteramos nuestro compromiso con la lucha de los pueblos.
En los pasados cuatro años atravesamos el negacionismo, el intento del 2×1 y la desaceleración de las políticas de Estado sobre el pasado reciente. Nos contraría la lentitud de la Justicia Federal y la liviandad con que se vienen otorgando prisiones domiciliarias a los militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad, mientras se las niega a los presos políticos, víctimas de causas arbitrarias, y aún en los casos en que peligra su vida.
Asimismo, es imprescindible que Mendoza adhiera a la Ley de Sitios de Memoria: para que se visibilicen los ex centros clandestinos de detención, el estado provincial cumpla con el apoyo del EPM ex D2 y promueva la demorada ley que lo formalice. También para evitar la banalización de la comisaría 7ma e incluirla en los términos de la ley de sitios.
Nuestra lucha fue inscripta en la historia del pueblo argentino por su libertad, hoy vulnerada por el Código Contravencional utilizado en especial contra jóvenes estigmatizados por la pobreza y el color de su piel o en la represión a gestas populares en defensa del agua y los bienes comunes. A ello se suman multas e imputaciones dirigidas a la ciudadanía por manifestarse en las calles.
En este día de la Memoria homenajeamos a Agustina Vera, Madre de Plaza de Mayo; Ramón Ábalo y César Boggia, por su compromiso militante; y a Sebastián Moro, muerto en la ciudad de La Paz, durante los días del golpe de estado en Bolivia.
Ratificamos todas y cada una de las históricas demandas sostenidas por los organismos de derechos Humanos y hoy con urgencia reclamamos:
– Celeridad de los juicios por delitos por delitos de lesa humanidad y cárcel efectiva para los genocidas – Adhesión de la Provincia a la Ley de Sitios de la Memoria – Independencia del Poder Judicial y libertad a los presos y perseguidos políticos
En un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ratificamos nuestro firme compromiso con la Memoria. Recogemos el legado de hombres y mujeres que atravesaron el entonces D2 resistiendo el horror. En este ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio se intentó aplastar el proyecto liberador de cientos de detenidos y detenidas que se opusieron a un plan económico y social concebido a espaldas del pueblo argentino. Este lugar fue testigo de la planificación y puesta en marcha de la represión ilegal que desgarró sus vidas, fue punto central del terrorismo de Estado en Mendoza.
Por su valor simbólico e histórico, desde este Espacio -refuncionalizado con la fuerza de nuestras banderas y las miradas de lxs 30 000- asumimos el deber de impedir el olvido y echar luz a la trama nacida antes y durante la dictadura cívico militar.
Tres columnas que dicen Memoria, Verdad y Justicia señalan este Sitio, y nos recuerdan nuestra responsabilidad asumida ante la sociedad mendocina en la reconstrucción y difusión del pasado reciente, la consolidación de la cultura democrática proyectada hacia las próximas generaciones y la observancia del respeto de los derechos humanos en el presente.
30 000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas… ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
A pesar de las medidas de aislamiento tomadas por los gobiernos nacional y provincial, los Organismos Defensores de los Derechos Humanos en Mendoza se preparan para la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la justicia. Aquí el comunicado.
A 44 años del Golpe Cívico Militar Eclesiástico de 1976 en Argentina, decidimos suspender la marcha que realizamos todos los años. Nos sumamos responsablemente a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y el provincial ante la pandemia de coronavirus que aqueja al mundo.
Pero no nos quedamos quietxs ni nos quedamos calladxs. No lo hicimos nunca. No lo haremos ahora.
📌Durante el 24/03 estaremos compartiendo contenidos y mensajes a través de las redes sociales.
📌Además, instamos a que todos, todas y todes seamos parte de una profunda jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia
📢 Proponemos: 📢
👉🏾usá en tus posteos, estados y fotos de perfil las consignas:
Memoria, verdad y justicia | Somos 30mil | Fue genocidio | 30.000 presentes
👉🏾 usemos el hashtag #24MenMendoza junto a algunos de estos otros:
👉🏾colgá un pañuelo blanco en la puerta de tu casa junto con la bandera argentina, sacale fotos o selfies y compartilas. Si no tenés pañuelo, aquí te compartimos unos diseños para imprimir y hacerlos en papel.
30.000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDAS DESAPARECIDAS ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
Marzo 2020. Organismos de Derechos Humanos de Mendoza
En el marco del mes de la Memoria, el viernes 13 de marzo se presentó el cuento Bosquejo de alturas”, de Alicia Kozameh. La obra revela las estrategias de supervivencia y resistencia de treinta presas políticas detenidas en 1975, en un sótano policial de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La presentación estuvo a cargo de dos mujeres: Liliana Bermúdez, quien en su condición de exdetenida política se refirió al contexto que inspiró el cuent; y la profesora Estela Saint André, quien analizó con minuciosidad el valor valor literario del cuento e hizo hincapié en las múltiples facetas creativas de la autora.
Grabación de Alicia Kozameh para la presentación en el EPM exD2
Alicia Kozameh vive en Los Ángeles, y está radicada en esa ciudad estadounidense desde que salió al exilio en 1980. Escribió novelas, cuentos y poesía. Tenía previsto estar presente en esta actividad organizada por el EPM exD2 y el colectivo Nosotras-Mendoza, pero debido a la pandemia del coronavirus debió suspeder el viaje.
Sin embargo, las redes de comunciación hicieron posible contar con sus palabras y sus gestos durante a través de un video que envió a las presentadoras minutos antes de la actividad y que fue proyectado ante el público. Además, durante la presentación, el equipo de comunicación del EPM exD2 compartió con ella imágenes de lo que estaba sucediendo en Espacio.
La versión teatral del cuento, “30. Bosquejo de alturas”, cuya puesta en escena en la Enkosala de Mendoza estaba anunciada para el 19 de marzo, también fue suspendida por la pandemia.
28-12-20198 | Compartimos el documento firmado por los Organismos de Mendoza, que despide al compañero Sebastián Moro y alerta sobre su muerte en el marco del Golpe de Estado que azota a Bolivia.
Mendoza, 19 de diciembre de 2019
Los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza abajo firmantes expresamos nuestro dolor y solidaridad con la familia del reconocido y querido periodista Sebastián Moro. Reclamamos a las autoridades pertinentes una investigación rigurosa acerca de su trágica muerte ocurrida en la Ciudad de la Paz, Bolivia.
Sebastián murió el pasado 16 de noviembre en el marco del Golpe de Estado que por estas horas azota a Bolivia, donde residía desde febrero de 2018. El 9 de noviembre pasado envió su última nota al matutino Pagina 12 anunciando que el Golpe ya estaba en marcha. El 10 de noviembre fue internado producto de un “ACV”, cuyas causas son investigadas por abogados especializados en delitos de lesa humanidad y médicos forenses. Durante los seis días que duró su agonía, su cuerpo dio señales de politraumatismos, policontusiones y lesiones internas y externas advertidas por testigxs y asentadas en la Historia Clínica que, a la luz de especialistas, no responden solo a un “ACV”.
Sabemos que entre el 8 y el 10 de noviembre se desató en Bolivia una furtiva cacería de periodistas, dirigentes sociales, funcionarios públicos y familiares de estos funcionarios por parte de hordas opositoras a los fines de concretar el derrocamiento del gobierno de Evo Morales. La intervención, la violencia y las amenazas a medios comunitarios, alternativos y públicos durante esos días fue sistemática, así como la agresión a periodistas.
Sebastián Moro vivió para hacer perdurar la Memoria de las víctimas de la injusticia. Su compromiso periodístico y militante fue plasmado en los blogs y páginas web oficiales del Colectivo Juicios Mendoza; de Edición UNCuyo (hoy Unidiversidad) y de Radio Nacional Mendoza. Realizó esta tarea desde 2010 hasta 2017 cubriendo testimonios y reconstruyendo historias surgidas de la voz de lxs sobrevivientes y testigxs que aportaron en cada juicio de lesa humanidad concretado en Mendoza hasta esa fecha.
Parte de sus valiosas crónicas e investigaciones fueron eliminadas de los dos últimos medios citados.
Sebastián también aportó a dar luz a las voces de familiares de víctimas de violencia institucional en la provincia desde 2014 hasta su partida de Argentina.
Decidió tomar nuevos rumbos luego de que la gestión macrista de Radio Nacional lo inhibiera de seguir realizando sus comprometidas labores periodísticas en defensa de los Derechos Humanos.
Así llegó al Estado Plurinacional de Bolivia donde inmediatamente se compenetró con la realidad política, principalmente de campesinxs e indígenas. Su entrega profesional y compromiso periodístico le depararon un importante cargo como “jefe editor” del semanario gráfico “Prensa Rural”, y como productor y conductor de diversos programas de Radio Comunidad, medios pertenecientes a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Desde La Paz continuó trabajando para La Quinta Pata, único medio que reconoció remunerativamente sus labores a partir del momento en que se fue del país. Asimismo fue un permanente colaborador de diversos medios comunitarios y alternativos de América Latina y Argentina. A partir de las elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre pasado, comenzó a colaborar con informes y crónicas diarias al diario Página 12 donde advertía el alarmante escenario golpista que se pergeñaba en Bolivia.
El caso de Sebastián Moro fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión de dicho organismo. La CIDH incluyó su muerte en un comunicado de prensa que incluía observaciones preliminares sobre las violaciones de derechos humanos en Bolivia en el apartado “Ataques a la Prensa”, con fecha de publicación el 11 de noviembre pasado. Por su parte, la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano consideró en el punto 8 de su informe preliminar, referido a la “Restricción manifiesta de la libertad de prensa,” que el “caso del periodista argentino Sebastián Moro reviste especial gravedad”.
Exigimos investigación. Verdad, Memoria y Justicia.
Asociación de Familiares de Detenidxs Desaparecidxs por razones políticas Mza- Asociación de ex Presxs Políticxs Mza- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mza- Liga Argentina por los Derechos Humanos Mza.- H.I.J.O.S. Mendoza- Casa por la Memoria y Cultura Popular- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos San Rafael – Colectivo Juicios Mendoza – Equipo de acompañamiento a Querellantes y Testigos de Juicios de Lesa Humanidad
