No al desmantelamiento del Comité de Prevención de la Tortura

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura denuncia los intentos del Ejecutivo de modificar la ley 8284 que avanza sobre su conformación. Desde el Espacio para la Memoria compartimos el comunicado elaborado por el CPPT, órgano integrante del Consejo Directivo de nuestro Sitio de Memoria.

Mendoza, 11 de julio de 2020

Comunicado del Comité de Prevención de la Tortura Mendoza

El COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA es un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que resulta de un acuerdo con la ONU, por lo que Argentina está obligada a cumplir.

Controla espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. El Comité observa, registra y entrevista atento las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Dicho organismo puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial a fin de prevenir y erradicar la tortura.

El Comité ha sido clave en situaciones de detenciones, encarcelamientos masivos y represión durante protestas en nuestra provincia, pues sus miembros están dotados de herramientas no solo para develar situaciones de malos tratos mediante observación y entrevistas, sino también de arbitrar estrategias de denuncia y de resguardo a las víctimas.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, impulsó la reforma de la ley 8284, que contempla el funcionamiento de esta Comisión. Las reformas propuestas tienden a generar mayor vulneración de derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Cabe destacar la “contradicción”: justamente la iniciativa es propia del ministerio objeto de control de esta Comisión.

Entre otras reformas regresivas en materia de derechos humanos, reduce la participación de la sociedad civil de doce personas a solamente una. De esta manera, la proyectada ley garantiza la invisibilidad de la tortura y los malos tratos en lugares de encierro, como cárceles y comisarías.

Por otro lado, la reforma, busca que el Procurador sea designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, eliminando el concurso público de antecedentes; de este modo se pone en riesgo la idoneidad, la transparencia e independencia del Procurador, ya que su nombramiento dependerá de la cercanía política con el poder de turno.

Decimos NO a la reforma de la Ley 8284 porque las organizaciones son imprescindibles en el control al Estado en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, en la construcción de estrategias de prevención de la tortura, en garantizar que no se perpetúe la impunidad ante los hechos más crueles que ocurren en los contextos de encierro.

NO A LA REFORMA DE LA LEY 8284 EN MENDOZA

La opinión del EPM frente a la situación carcelaria

El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2) sentó posición ante a la situación de las personas privadas de libertad en contexto de pandemia. Algunas consideraciones sobre la justicia, la democracia y los derechos humanos.

Frente a la situación de la población carcelaria y la versión engañosa de que habrá liberación masiva de presos, desde el EPM exD2 -en coincidencia con organismos de derechos humanos que lo componen- ratificamos nuestro compromiso con la Justicia. Esta es la fortaleza que atraviesa nuestra historia.

En esa línea, sorprenden los dichos del gobernador Rodolfo Suarez colocándose por encima de la Justicia para determinar qué sucederá con los presos que solicitaron prisión domiciliaria. Asimismo, vemos con preocupación la doble vara utilizada por algunos actores sociales y medios de comunicación para abordar las prisiones domiciliarias otorgadas a los genocidas y las posibilitadas a otros detenidos por delitos menores.

Dada esta circunstancia, creemos necesario expresar nuestra posición y realizar algunas consideraciones imprescindibles.

El contexto de pandemia agrava la situación de ciertos colectivos en particular, por la mayor vulnerabilidad ante el posible contagio. En este grupo encontramos a las personas encarceladas, en tanto en caso de ingresar el virus a una cárcel, los efectos multiplicadores pueden ser desastrosos en términos humanitarios, considerando particularmente las condiciones de hacinamiento y carencia de condiciones de higiene dignas y seguras para la salud.

Es por ello que los organismos internacionales de derechos humanos, así como numerosos organismos nacionales, de la sociedad civil y de la propia justicia nacional y provincial, han tomado medidas y sugerido acciones de prevención y descompresión de las cárceles.

En este marco, algunos sectores sociales, políticos y mediáticos no han escatimado en tergiversar la información sentando una idea falaz: la liberación masiva de presos.

Los números provinciales y nacionales desmienten esto por completo y la Justicia ha dado sobradas explicaciones de que se está trabajando exclusivamente en la posibilidad de prisión domiciliaria de las personas en grupo de riesgo, o bien en las libertades condicionales y asistidas para quien legalmente se encuentran en condiciones de acceder a ellas.

La Justicia ha sentado también criterios para ello, desaconsejando medidas domiciliarias para quienes están por delitos graves y condenas largas, o por delitos contra el género o la integridad sexual, cuestión que compartimos.

Ahora bien, sorprenden dos cuestiones aquí. La primera es que la Justicia Federal, en particular la de Cuyo, ha dado una gran cantidad de domiciliarias a genocidas desde el primer momento de la pandemia. Es decir, el delito más grave de la escala penal, ha recibido una morigeración de la prisión sin mucho vericueto y sin ningún tipo de manifestación social y política en contra de estas.

¿Tenemos acaso una doble vara? ¿Nos parece más grave que una persona por hurto o robo vaya a su casa que que lo haga un genocida? De ser así, esto nos debe llamar a una profunda reflexión ética, social y política.

Por otra parte, ¿es este un tema que deba resolver un gobernador o el Poder Ejecutivo de cualquier nivel? La respuesta republicana es que no. Cualquier domiciliaria o libertad es una cuestión netamente jurídica y es el Poder Judicial el encargado de ello. Por lo que que un gobernador exprese que no liberarán presos de manera masiva ‒o a nadie‒ es una cuestión que funcionalmente le excede, pero además se asienta en una clara demagogia que lesiona la división de poderes y, por ende, la propia democracia.

Por último, la Justicia debe darle domiciliaria o libertad a quien corresponda, teniendo en cuenta la particular vulnerabilidad frente al contagio viviendo en hacinamiento y encierro. Y aquí, además de justicia, se requiere humanidad. Tanta humanidad como nuestra compañera Silvia Ontivero ha demostrado acordando con la domiciliaria de quien asesinó a su hijo Alejo. Tanta ética y humanidad como se requiere tenga la sociedad, la política, la justicia y los medios de comunicación.

Los organismos de derechos humanos nos identificamos en esta humanidad, en esta búsqueda incansable de justicia contra toda pretensión de venganza. No bajamos esta bandera frente a ningún contexto, pues es en esos valores en los que la memoria se asienta y fortalece. La situación carcelaria es parte de nuestra lucha, esta que sostenemos hace más de 40 años: una lucha incansable por la protección y defensa de los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia.

Alejo Hunau y Silvia Ontivero

El EPM exD2 rechaza la represión en las cárceles de Mendoza

25-04-20 | El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2), del cual forma parte el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes (CPPT), rechaza la represión en el interior de penales provinciales.

Replicamos el comunicado que realizó el CPPT tras las últimas instancias de acuerdo logradas en la Unidad Penitenciaria III -penal destinado a mujeres y situado en la localidad de El Borbollón, Las Heras-.

Informe respecto a situación de mujeres privadas de libertad en U3 El Borbollón, Mendoza. 24 de Abril:

El Comité de Prevención de la Tortura estuvo presente el día de la fecha en la Cárcel de Mujeres del Borbollón, frente a los reclamos realizados por las mujeres allí alojadas, y la respuesta represiva de la institución.

Se constituyó espontáneamente una mesa de diálogo, en la que estuvieron presente: Sebastián Sarmiento Juez de Ejecución Penal, Romina Cucchi Subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luis Romero Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Alfredo Guevara  Abogado colaborador del Comité de Prevención de la Tortura, y Patricia Farina del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

El reclamo de las mujeres tiene como fundamento el incumplimiento del Habeas Corpus resuelto en el marco de la pandemia, principalmente el impedimento y requisitos para el ingreso de celulares con cámara, a diferencia de otras unidades penales de varones.

De la represión resultaron cinco mujeres heridas por balas de goma disparadas a corta distancia, quienes también participaron de la mesa de dialogo, al igual que una referente de cada Sector, donde dieron testimonio de lo sucedido. El Juez Sarmiento puso en conocimiento a la Fiscalía de Violencia Institucional a fines de tomar declaraciones de las mujeres heridas.

Se resolvió que, desde el lunes se permitirá el  ingreso de celulares con cámaras como sucede en otros penales. Se atendió a las situaciones de pedidos de prisión domiciliaria. Las defensorías se comprometieron a trabajar cada una de las situaciones. Además se atendieron cuestiones relacionadas con reclamo de  ingreso de alimentos.

Se acordó que el lunes próximo se realizará nuevamente la mesa de diálogo para descomprimir la situación, y la misma se sostendrá el tiempo que sea necesario.

COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Desde el Consejo Directivo del EPM exD2 exigimos al Ejecutivo provincial y a la Justicia que instrumente todas las medidas y supervisiones necesarias para garantizar la sanidad, integridad y contacto con sus familias de las mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria III, lo mismo para todas las unidades penales de la provincia.