El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM ex-D2) es un sitio recuperado para preservación y difusión de la memoria sobre el terrorismo de Estado y para la defensa y promoción de los derechos humanos. Sus instalaciones pertenecieron al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) y fueron destinadas a la represión política ilegal, antes y durante la última dictadura cívico-militar. El lugar fue sede del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Extermino (CCDTyE) más importante del Gran Mendoza.
19-10-2021 | Abuelas de Plaza de Mayo convoca a la sociedad, instituciones, organizaciones y a la comunidad educativa a sumarse a la campaña #FloreceIdentidad. Se realiza en el marco del 44.° aniversario de Abuelas y el Día Nacional del Derecho a la Identidad (22 de octubre). Su objetivo es visibilizar, una vez más, la búsqueda de alrededor de 300 nietas y nietos que falta encontrar. “Solo con el ejercicio colectivo de la memoria florecerán las identidades de quienes aún viven sin conocer la verdad sobre su origen”, sostienen.
“Desde el inicio de nuestra lucha hablamos de la necesidad común de resolver el delito de apropiación. Conocer nuestra historia, nuestro territorio, nuestros derechos nos permitirá proyectarnos como individuos y como sociedad hacia el futuro. En marzo último, convocamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Hoy, los invitamos a construir flores como una metáfora de la esperanza que venimos sembrando desde hace décadas, para ver florecer las identidades que nos faltan”, difundieron desde Abuelas.
En el mes de la identidad, la propuesta es sencilla: la campaña #FloreceIdentidad propone crear pétalos de diversos tamaños, formas y colores para construir colectivamente flores que inviten a pensar quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Además, convocan a armar flores que reflejen la riqueza de la existencia de una sociedad diversa.
¿Cómo participar de la campaña #FloreceIdentidad?
Se puede descargar la flor de la campaña para pegarla en algún lugar visible o bien diseñarla apelando a la creatividad: armar un esténcil, hacer collage, dibujar, pintar o copiar la imagen e intervenirla de cualquier manera, siempre con la frase “Florece Identidad”. Luego, para visibiliza y viralizar la acción, se sugiere registrar la acción con fotos y/o videos, y el viernes 22 de octubre, en el Día Nacional de la Identidad, difundirla por redes sociales.
Es muy importante usar las etiquetas de la campaña #Abuelas44Años y #FloreceIdentidad, y mencionar a @abuelasdifusion en las publicaciones. Por último, en este link, docentes de todo el país pueden acceder a propuestas didácticas para trabajar en las aulas que Abuelas puso a disposición .
17-5-2021 | Compartimos el documento elaborado por espacios y sitios de memoria argentinos en repudio a la represión llevada a cabo por Iván Duque, presidente de Colombia, contra el pueblo que se manifiesta, principalmente, contra el proyecto de reforma tributaria. Foto: Diario El país
Espacios y Sitios de Memoria de Argentina Junto al Pueblo Colombiano
Mayo 2021
Como Red de Trabajadores y trabajadoras de los Sitios y Espacios para la Memoria de Argentina, queremos expresar nuestro más enérgico repudio a la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo colombiano que de manera pacífica se moviliza y manifiesta en las calles de todo el país para desaprobar y resistir ante las políticas de hambre, desocupación, privatización.
Las cifras, las imágenes y las denuncias que leemos y los testimonios que escuchamos son espeluznantes. La persecución, represión y, masacres se han multiplicado en los últimos días desde el 28 de abril en que comenzó el paro y la movilización pacífica del pueblo. Sabemos que esa violencia y el uso de la fuerza estatal y paraestatal no son de ahora, sino que han tenido una continuidad histórica en ese país. Se trata de la violación de todos los derechos, siendo las principales víctimas los y las jóvenes.
Desde nuestros lugares de trabajo, Sitios y Espacios para la Memoria sentimos que lo que ocurre en Colombia no puede pasar inadvertido, por el contrario, nos invita a reflexionar nuestras historias como países de un mismo continente, en nuestras democracias, el tipo de sociedades que soñamos, en nuestros derechos que debemos defender y en los valores que sostenemos.
La cantidad de personas desaparecidas, secuestradas por fuerzas policiales, militares y paramilitares en procedimientos ilegales ha ido creciendo en estos últimos días. No se ha sabido nada de ellas. Para quienes sufrimos la desaparición y tortura, somos familiares o trabajamos cotidianamente en los Sitios y Espacios para la Memoria (que en épocas de terrorismo de Estado fueron centros clandestinos de detención) estos son delitos de lesa humanidad y no podemos permitir que ocurran en nuestro país ni en ningún otro.
Por ello además de denunciar y expresar nuestra digna rabia, necesitamos hacernos eco del grito ensordecedor que desde Colombia pide nuestra solidaridad y nos pone en alerta. Nos sentimos cerca de las familias de los y las jóvenes que han sido asesinados y asesinadas y de aquellos y aquellas que han sido violentadas de diferentes formas por las fuerzas del estado.
Nos sentimos al lado de nuestros hermanos y hermanas colombianas que han tomado la decisión de decir Basta, que resisten y reexisten en la búsqueda de un país con verdadera democracia, paz y justicia social.
Porque la Solidaridad es la Ternura de los Pueblos, firma la Red de trabajadores y trabajadoras de Sitios y Espacios de Memoria de Argentina:
-Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora-Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, Ciudad de Buenos Aires; -Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH EXCCD Automotores Orletti – Ciudad de Buenos Aires; -Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH La Escuelita de Famaillá – Tucumán; -Espacio para la Memoria Mansión Seré, Castelar – Provincia de Buenos Aires; -Espacio para la Memoria El Chalet, Hospital Posadas, Morón – Provincia de Buenos Aires; -Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH EX ESIM-Faro de la Memoria, Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires; -Espacio Provincia de la Memoria EX Policía Federal, La Rioja; -Espacio para la Memoria EX Servicio de Informaciones, Rosario – Santa Fe; -Sitio de Memoria Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, Rosario – Santa Fe; -Comisión Provincial de la Memoria Buenos Aires, La Plata – Provincia de Buenos Aires; -Museo de la Memoria de Rosario – Santa Fe; -Talleres Equipo de Trabajo EX BIM 3 FAHCE Universidad Nacional de La Plata – Provincia de Buenos Aires; -Espacio para la Memoria y los DDHH EX D2 (EPM EXD2), Mendoza; -Espacio para la Memoria “La Perla”, Córdoba; -Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH EXCCD Virrey Cevallos y EX CCD S.I.F.A., Ciudad de Buenos Aires; -Trabajadorxs de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco; -Archivo Provincial de la Memoria EX CCDTyE D2, Córdoba; -Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH EX CCDTyE Olimpo, Ciudad de Buenos Aires; -Espacio para la Memoria EX Brigada de Investigaciones de las Flores – Provincia de Buenos Aires; -Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH EXCCDTyE El Infierno, Avellaneda – Provincia de Buenos Aires; -Espacio para la Memoria EX Comisaría 1era. Pergamino, Provincia de Buenos Aires; -Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú – Entre Ríos; -Sala de la Memoria de nuestros Mártires, Chamical – La Rioja; -Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH EXCCDTyE Club Atlético, Ciudad de Buenos Aires; – Mesa de Trabajo para la conformación del Espacio para la Memoria “QUINTA LA PASTORIL; -Asociación Anahí-Casa Mariani Teruggi, La Plata – Provincia de Buenos Aires; -Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Matthews, Córdoba; -Equipo de Trabajadorxs Centro Cultural por la Memoria, Trelew – Chubut; -Sitio de Memoria Monte Peloni – Provincia de Buenos Aires.
27 – 01 – 2021 | El proceso oral y público comenzará en marzo y tratará el caso de la nieta de identidad restituida número 127, según el registro de Abuelas de Plaza de Mayo. Replicamos la información del caso y del juicio producido por el Colectivo Juicios Mendoza.
El próximo 12 de marzo el Tribunal Oral 1 de Mendoza iniciará el juicio por la apropiación de la hija de la mendocina María del Carmen “Pichona” Moyano y el sanjuanino Carlos Poblete, cuyos secuestros se produjeron entre abril y mayo de 1977, en Córdoba. La niña fue dada a luz en junio en la ex ESMA y su nacimiento se inscribió semanas después en Guaymallén, Mendoza, bajo el nombre apócrifo de Miriam Lourdes Fernández.
El exoficial de la Policía de Mendoza Armando Osvaldo Fernández es el principal acusado por la sustracción de la niña, a la que registró como hija biológica suya y de su esposa, Iris Yolanda Luffi, también imputada en esta causa. Está involucrado además el exoficial de policía Abelardo Santiago Garay, quien ofició como testigo del nacimiento junto al ya fallecido Eduardo Smaha Borzuk. La presentación la realizó Fernández con el auxilio de los antes mencionados, sin certificado médico.
Fotos: Adrián Escandar
Armando Fernández fue condenado reiteradamente a prisión perpetua en juicios previos desarrollados en Mendoza por su papel relevante dentro del esquema represivo local. Fue miembro de inteligencia del Departamento 2 de Informaciones (D2) y enlace policial ante la Comunidad Informativa, órgano de intercambio y planificación de la represión integrado por las tres Fuerzas Armadas y las de Seguridad.
En esta causa Fernández es el principal procesado por el cargo de sustracción de una menor. Además, comparte con su esposa Iris Luffi y con Abelardo Garay la acusación de retención y ocultamiento de la víctima, alteración de su identidad y falsificación documental.
Nieta 127
El 27 de diciembre de 2017, Abuelas de Plaza de Mayo anunció en su habitual conferencia de prensa la identificación de la hija del matrimonio Moyano-Poblete después de una larga búsqueda iniciada por organismos de derechos humanos y familiares de la pareja. En este caso, fue la comisión Herman@s de la agrupación H.I.J.O.S. Mendoza la que, en su búsqueda de jóvenes apropiados y apropiadas, halló elementos claves y los puso a disposición de la Fiscalía Especial para que concluyera con éxito la identificación.
Hasta el momento de formalizarse la tarea investigativa, se sabía que Pichona Moyano había dado a luz a una niña en la ESMA, datos que surgían del juicio por la apropiación de bebés realizado en 2012 contra Jorge Rafael Videla. Las sobrevivientes testimoniaron que el parto fue acompañado por el médico Magnacco y que la bebé permaneció ocho días junto a su madre antes de ser arrebatada.
En marzo comienzan las audiencias
Según la abogada querellante por Abuelas de Plaza de Mayo, Viviana Beigel, el debate oral fue inicialmente previsto para noviembre del año pasado y reprogramado para marzo de este año por problemas de salud del imputado Abelardo Garay. No se ha comunicado aún la modalidad que adoptará el juicio, cuya audiencia inicial será el 12 de marzo
El Tribunal Oral Federal 1 –TOF 1‒ de Mendoza otorgó prisión domiciliaria a los procesados y/o condenados Carlos Ledesma, Segundo Héctor Carbajal, Oscar Simone, Oscar Bianchi, Pedro Linares, Juan Carlos Ponce y Omar Navarro. El mismo criterio adoptó el TOF 2 de San Rafael con respecto a Mario Ocampo. Mediante una acordada, la Cámara de Casación Penal Federal había instado a los jueces a resolver rápidamente los pedidos de domiciliaria y flexibilizar los criterios de otorgamiento debido a la pandemia provocada por el Covid-19. La fiscalía y la querella del MEDH recurrieron la medida sin resultados positivos.
En respuesta a la disposición de la instancia superior, los Tribunales Federales asentados en la provincia de Mendoza establecieron el arresto domiciliario “cautelar, excepcional y provisorio” de ocho detenidos por delitos de lesa humanidad. Estos quedarán a cargo de la Dirección de Promoción del Liberado y del Programa de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La dependencia se encargará de la colocación de un dispositivo de monitoreo interno y de observar la prohibición de salir del país. Asimismo, ordena que se libren los oficios para el cumplimiento de las medidas.
Los beneficiados
La Acordada N° 3/2020 de la Cámara de Casación Penal Federal está basada en el decreto de Presidencia de la República que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio de la ciudadanía debido a la pandemia del coronavirus. La Cámara insta a agilizar la resolución de los pedidos de prisión domiciliaria y señala que deben priorizarse las personas detenidas por delitos o penas leves ‒próximas a salir en libertad‒, las que tengan problemas de salud o integren grupos de riesgo. Según la disposición, las excarcelaciones deben ejecutarse con rapidez. Los abogados de los represores invocaron la edad y razones de salud para afirmar que sus representados se encuentran dentro del grupo de riesgo previsto por la norma y solicitaron que se los regresara a sus casas.
La prisión domiciliaria les fue concedida a:
Carlos Eduardo Ledesma: exoficial del Ejército, condenado a 22 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad y torturas, cometidos contra mujeres concentradas clandestinamente en el Casino de Suboficiales del Ejército poco después del golpe del 24 de marzo del 76.
Carlos Ledesma
Segundo Héctor Carabajal: miembro del Destacamento de Inteligencia 144, condenado a 10 años de prisión por la apropiación de la nieta recuperada 117, Claudia Domínguez Castro. Fue hallado culpable de falsificación de documento público, así como de retención y ocultamiento de identidad de la hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, ambos desaparecidos. Por pedido de la querella a raíz de esta criticada medida, Carabajal tiene una consigna policial.
Héctor Carabajal
Oscar Simone: Personal Civil de Inteligencia –PCI‒ dependiente del Destacamento de Inteligencia 144, procesado en la causa que se encuentra actualmente en debate. Simone era empleado en la Dirección de Transporte y compañero de Roberto Blanco, secuestrado y desaparecido en 1976. Por este hecho llegó a juicio.
Oscar Bianchi: oficial del Servicio Penitenciario condenado a 6 años por asociación ilícita, privación abusiva de la libertad y tomentos agravados contra presos políticos alojados en la cárcel provincial de Boulogne Sur Mer.
Oscar Bianchi
Pedro Linares: agente penitenciario condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita y por encubrir los delitos cometidos contra los presos políticos que se hallaban en la Penitenciaría Provincial.
Pedro Linares
Juan Carlos Ponce: subcomisario de la Policía de Mendoza que revistaba en la Seccional 16 de Las Heras, está a la espera un nuevo veredicto después de que la Cámara de Casación revocara la absolución dictada por el TOF 1. Fue acusado por el encubrimiento de tres desapariciones acaecidas en su jurisdicción con intervención de personal bajo su mando.
Omar Navarro Moyano: miembro del Ejército perteneciente al Destacamento de Inteligencia 144, procesado en la causa actualmente en debate. Se profugó antes de iniciarse el noveno juicio, pero recientemente fue ubicado y detenido.
Mario Guillermo Ocampo: excoronel del Ejército procesado por el TOF 2 por la desaparición del soldado Félix Órdenes y por otros delitos cometidos en San Rafael y Gral. Alvear. Estuvo siete años prófugo y fue detenido en 2019. Simultáneamente, Ocampo debe responder ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín de la provincia de Buenos Aires por la causa que trata los asesinatos perpetrados en el marco de la Contraofensiva Montonera.
Preocupan particularmente las domiciliarias de Navarro y Ocampo que estuvieron prófugos hasta su detención, conducta que constituye un antecedente relevante para no obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Hay varios pedidos de prisión domiciliaria. Jorge López miembro de la Fuerza Aérea, detenido en el penal de Ezeiza, la solicitó pero le fue denegada por el TOF 1 por estar debidamente aislado. En cambio, están pendientes de resolución los pedidos a favor de José Garro y Guillermo Campanille. Por su parte, el TOF 2 de San Rafael debe dictaminar en los casos de Daniel Guajardo y Oscar Raúl Pérez.
Variados rechazos
Las prisiones domiciliarias otorgadas por los Tribunales Federales de Mendoza merecieron el cuestionamiento de las fiscalías, la querella del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, así como de las organizaciones sociales y organismos que nuclean a las víctimas de los detenidos.
Las unidades fiscales abocadas a los delitos de lesa humanidad radicadas en Mendoza y San Rafael respondieron a la solicitud de prisión domiciliaria de los ocho detenidos con similares argumentos. Admitieron que los beneficiados están comprendidos en el grupo vulnerable por su edad avanzada, pero pusieron en discusión el aislamiento preventivo para evitar la infección, prescripto por la norma. Según los fiscales, en las penitenciarías no hay casos de infectados ni sospechados en observación, mientras que el afuera de las cárceles es un ámbito que reviste mayor riesgo de contagio, por lo que expresaron preocupación por la medida.
Además, dictaminaron que se observe la igualdad ante la ley para todos los casos que se encuentran bajo la jurisdicción de los Tribunales Federales, de modo que las prisiones domiciliarias no se constituyan en un privilegio para los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Pablo Salinas y Viviana Beigel señalaron que, pese a ser querellantes por el MEDH y por Abuelas de Plaza de Mayo, no fueron consultados. Agregaron que las medidas tomadas por el tribunal ameritaban informes médicos exhaustivos de cada caso y la confirmación de que dentro de las cárceles existiera un riesgo cierto de contraer la enfermedad.
Asimismo, resaltaron que los delitos de lesa humanidad son los crímenes más graves previstos en el código penal e invariablemente tienen impacto sobre las víctimas. Este planteo concitó el apoyo de la Federación de Docentes Universitarios –CONADU‒ que a través de un comunicado acompañó el rechazo a las prisiones domiciliarias.
Distintos sectores se mostraron molestos por la concesión de esta medida por considerarla discriminatoria, ya que contraría las históricas demandas de los organismos de derechos humanos y complace los pedidos de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad sin argumentaciones sólidas, mientras desoye los urgentes reclamos de una amplia población carcelaria. Varias organizaciones advirtieron trato desigual por parte de la justicia.
