El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM ex-D2) es un sitio recuperado para preservación y difusión de la memoria sobre el terrorismo de Estado y para la defensa y promoción de los derechos humanos. Sus instalaciones pertenecieron al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) y fueron destinadas a la represión política ilegal, antes y durante la última dictadura cívico-militar. El lugar fue sede del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Extermino más importante del Gran Mendoza.
Está organizada por el MEDH y es la primera instancia de un ciclo de charlas sobre los juicios de lesa humanidad en Mendoza. Será el martes 25 de agosto a las 18:00. Aquí el link de inscripción.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Regional Mendoza, organiza un ciclo de charlas sobre los juicios de lesa humanidad en Mendoza. El primer encuentro está abocado al juicio en curso, el noveno en nuestra provincia. El noveno juicio empezó el 29 de marzo de 2019 y hasta ahora ha concretado 29 audiencias. Los imputados son 22 y las víctimas, más de cien.
La charla contará con la participación de Daniel Rodríguez Infante, representante del Ministerio Público Fiscal; Fernando Peñaloza, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Viviana Beigel y Pablo Salinas, querellantes por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 inaugura la primera mediateca de Mendoza que recopila material sobre dictaduras, movilizaciones, represión, experiencias de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. La presentación será el jueves 6 de agosto, a las 18:00, a través de la plataforma Zoom y en vivo por el Facebook del EPM.
El repositorio virtual reúne más de 200 materiales de diversos géneros y formatos: libros, tesis, artículos académicos, monografías, testimonios, audiovisuales, fotografías. Todos referidos al pasado reciente, desde 1955 hasta las luchas actuales por Memoria, Verdad y Justicia.
Los materiales se podrán consultar, a partir del 6 de agosto, en la web del Espacio: www.espaciomemoriamendoza.com. El objetivo de esta biblioteca digital es centralizar los numerosos materiales dispersos y brindar un soporte de consulta gratuito para quienes lo necesiten.
La presentación estará a cargo de Mariana Tello Weiss, presidenta del Archivo Nacional de la Memoria, y Roberto Baschetti, sociólogo, investigador y escritor. También participarán integrantes de la Comisión de Comunicación del Espacio para la Memoria, quienes idearon y crearon el archivo digital. Hacia el final tendrán lugar las preguntas y comentarios del público.
Para armar la Mediateca, la Comisión de Comunicación, realizó una convocatoria abierta y pública para recibir materiales. Luego, estos trabajos fueron organizados, sistematizados, clasificados y cargados en la web del EPM exD2. La comisión está integrada por especialistas en comunicación, diseño e historia. Y uno de sus objetivos es posicionar al EPM como espacio de consulta sobre dictaduras, pasado reciente y las luchas actuales por Memoria, Verdad y justicia.
El archivo digital tiene tres secciones principales, divididas cronológicamente: predictadura, dictadura y posdictadura. Cada una de ellas contiene una organización por temas, presentados alfabéticamente.
La presentación se hará a través de la plataforma Zoom, en el siguiente link: https://bit.ly/3i4uwFx
Y también podrá verse en vivo por la página de Facebook del Espacio para la Memoria ex D2: fb.com/epmexd2
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura denuncia los intentos del Ejecutivo de modificar la ley 8284 que avanza sobre su conformación. Desde el Espacio para la Memoria compartimos el comunicado elaborado por el CPPT, órgano integrante del Consejo Directivo de nuestro Sitio de Memoria.
Mendoza, 11 de julio de 2020
Comunicado del Comité de Prevención de la Tortura Mendoza
El COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA es un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que resulta de un acuerdo con la ONU, por lo que Argentina está obligada a cumplir.
Controla espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. El Comité observa, registra y entrevista atento las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Dicho organismo puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial a fin de prevenir y erradicar la tortura.
El Comité ha sido clave en situaciones de detenciones, encarcelamientos masivos y represión durante protestas en nuestra provincia, pues sus miembros están dotados de herramientas no solo para develar situaciones de malos tratos mediante observación y entrevistas, sino también de arbitrar estrategias de denuncia y de resguardo a las víctimas.
El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, impulsó la reforma de la ley 8284, que contempla el funcionamiento de esta Comisión. Las reformas propuestas tienden a generar mayor vulneración de derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Cabe destacar la “contradicción”: justamente la iniciativa es propia del ministerio objeto de control de esta Comisión.
Entre otras reformas regresivas en materia de derechos humanos, reduce la participación de la sociedad civil de doce personas a solamente una. De esta manera, la proyectada ley garantiza la invisibilidad de la tortura y los malos tratos en lugares de encierro, como cárceles y comisarías.
Por otro lado, la reforma, busca que el Procurador sea designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, eliminando el concurso público de antecedentes; de este modo se pone en riesgo la idoneidad, la transparencia e independencia del Procurador, ya que su nombramiento dependerá de la cercanía política con el poder de turno.
Decimos NO a la reforma de la Ley 8284 porque las organizaciones son imprescindibles en el control al Estado en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, en la construcción de estrategias de prevención de la tortura, en garantizar que no se perpetúe la impunidad ante los hechos más crueles que ocurren en los contextos de encierro.
27-05-2020 | Los Organismos de DD. HH. que integran el Consejo Directivo del EPM exD2 se manifiestan contra la modificación de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte. Dicha área integra el Consejo de nuestro Sitio de Memoria y tiene participación activa en comisiones, proyectos y actividades. En caso de desmantelarse la Dirección, se dejaría a este Espacio sin uno de sus componentes fundadores.A continuación el comunicado completo.
Mendoza, 27 de mayo de 2020
COMUNICADO PÚBLICO CONTRA LA AFECTACIÓN DE LADIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA
Los Organismos de Derechos Humanos que conformamos el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 queremos manifestar nuestra preocupación por el proyecto de ley que el gobierno provincial envió a la Legislatura para ser tratado, que ya fue aprobado con los votos oficialistas de la cámara de Senadores y que presentan socialmente como el fin de los privilegios en el Poder Judicial.
No es intención emitir opinión sobre cuánto deben ganar los y las trabajadoras, funcionarias/os o magistrados/as del Poder Judicial, sino señalar que dicho proyecto afecta seriamente el funcionamiento de un área de derechos humanos que también forma nuestro EPM exD2: la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (DDHyAJ).
La ley, tal como está planteada y ha sido aprobada, deja sin trabajo a dos mujeres profesionales y de probada experiencia, abogadas que accedieron a sus cargos actuales mediante debido concurso. Se trata de las Directora y Subdirectora de la DDHyAJ, respectivamente. Esta ley supone el posible desmantelamiento del área o por lo menos su desjerarquización; política que el gobierno provincial sostiene en materia de derechos humanos desde la gestión anterior.
La DDHyAJ integra el EPM exD2 desde el mismo momento de la entrega parcial del ex centro clandestino de detención y tortura a los organismos de derechos humanos. Es parte del Consejo Directivo y trabaja sostenidamente en las comisiones, proyectos y actividades del Espacio. Su posible desguace representa para el EPM exD2 la posibilidad de que uno de sus integrantes fundadores se pierda.
Durante todos estos años de funcionamiento de la DDHyAJ hemos trabajado conjuntamente en políticas de memoria, en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, de las personas con problemáticas de salud mental así como en el acompañamiento en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Por otra parte, las personas que ocupan la Dirección han accedido a esos cargos por concurso público y de antecedentes, su formación y trayectorias personales avalan su ingreso, han sido puestas a consideración de un tribunal.
En Mendoza, la gestión política actual -al igual que la anterior- han avanzado sostenidamente contra las áreas de derechos humanos: desjerarquizó lo que era la Subsecretaría de Derechos Humanos dejándola en el rango de Dirección; la derogación del decreto 499/14 de creación del EPM exD2; el claro ordenamiento político de no tratar el
proyecto de Ley presentado por los Organismos de Derechos Humanos para dar existencia y sustento a nuestro EPM exD2; el proyecto de reforma de la ley del mecanismo local de prevención de la tortura –organismos que también integra nuestro Consejo Directivo- y se encuentra en serio peligro de ser de desarmado por completo; la falta de participación del gobierno como querellante en los juicios de lesa humanidad; la decisión de no conformar el órgano de revisión de la ley de salud mental, entre tantas otras medidas de claro avance contra las políticas de derechos humanos.
Asimismo, vemos desde hace tiempo con preocupación el avance contra el Poder Judicial, el intento de reforma y cooptación de la Suprema Corte de Justicia. El partido gobernante cuenta con mayorías propias en la legislatura y es la Justicia el último espacio no enteramente conformado por este gobierno. Se trata entonces de un intento antirrepublicano que debe ser visibilizado por los altos riesgos institucionales y políticos que conlleva.
Dentro y fuera de la Corte hay interesados en tener el Poder Judicial a su disposición, así como el control de todos los cargos jerárquicos que administran este Poder. Nos preguntamos, entonces, para ponerlos al servicio de quién o de qué intereses.
Finalmente, es nuestra intención expresar nuestra seria preocupación por este avance contra las políticas de Derechos Humanos y contra la Justicia, que -bajo pretendidos discursos de eficiencia y transparencia- lo que evidencia son lógicas de poder hegemónico, prácticas lesivas de derechos y garantías, y políticas de ajuste.
Esperamos que esta preocupación sea escuchada y atendida por funcionarixs y legisladorxs, somos directxs afectados como Espacio; y doblemente como ciudadanxs y militantes de derechos humanos.
Esperamos también que nos apoyen con la difusión de este Comunicado.
Organismos de Derechos Humanos del Consejo Directivo del EPM exD2
16-05-2020 | Falleció Helga Markstein de Tenenbaum, incansable Madre de Plaza de Mayo de Mendoza, siempre presente en la lucha por el secuestro y desaparición de su hija Gisela Tenenbaum en abril de 1977.
Fue médica en nuestra comunidad y su vida estuvo signada por la persecución nazi en la infancia, recreada por la Dictadura. Junto a su compañero de vida, Guillermo Tenenbaum, afrontaron el dolor y la resistencia hasta el final de sus días dando grandes muestras de solidaridad.
Helga había nacido en Austria y emigró junto a su familia para radicarse inicialmente en Buenos Aires, aunque su destino elegido fue Mendoza. En la primera etapa de su vida se vinculó al exilio proveniente de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial, sumándose a actividades políticas y culturales.
Helga estudió medicina en la UNCuyo junto a su esposo Guillermo Tenenbaum y prestó servicios en el Hospital Emilio Civit de donde fue cesanteada por la dictadura de 1976, debido a sus convicciones sociales, a su condición de judía y de madre de una “subversiva”.
Cuando su hija Gisela optó por la militancia en Montoneros supo comprenderla y acompañarla. Brindó su hogar para alojar a personas perseguidas según se supo a través de la declaración que ofreció en el IV juicio por delitos de lesa humanidad en el que se debatió el secuestro de su hija. Fue una mujer valiente que sufrió el acecho de los genocidas en carne propia y supo tener la mano tendida aún a riesgo de su propia integridad.
Formó parte de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas en plena etapa de la dictadura y en los últimos años caminó junto a las Madres reclamando por el conjunto de los y las desaparecidas.
El 8 de marzo de 2013 fue declarada“Ciudadana Ilustre” de Las Heras, distinguida por su valentía y compromiso en la lucha por memoria, verdad y justicia; merecido reconocimiento del departamento en el que residía y en el que desplegó sus conocimientos como médica siempre atenta a las necesidades de la comunidad.
Helga era una bella persona, firme y tierna, siempre con una sonrisa y dispuesta a seguir adelante con entusiasmo.
Hoy, con infinita tristeza, sus compañeras y compañeros le damos el adiós a la maravillosa Helga.
15-05-2020| En las últimas semanas ocurrieron ataques contra sitios señalizados y expresiones de homenaje popular a las víctimas del terrorismo de Estado. Las sombras del negacionismo, los dos demonios y la impunidad salen en medio de las noches del aislamiento social, preventivo y obligatorio a patotear la memoria.
Organismos y áreas estatales de derechos humanos denunciaron, públicamente y ante la Justicia Federal, destrozos y ataques en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe.
Militantes y familiares informaron a través de redes sociales que las baldosas colocadas en memoria de estudiantes del Colegios Normal 7 de CABA fueron cubiertas de brea. Esas marcas fueron colocadas en homenaje a las estudiantes, detenidas desaparecidas Liliana Aimetta, Dora Falco, Silvia Gallina, Teresa Israel, María Delia Leiva, Mónica Teszkiewicz y Susana Silver. Significativamente, esto ocurrió el mismo jueves que la derecha promovió un cacerolazo “contra el comunismo”. En la misma ciudad, los murales por la memoria, la verdad y la justicia del colegio Normal 8, del Comercial 25 y del Centro Cultural La casa de Teresa también fueron atacados. Inscripciones reivindicativas del genocida Jorge Rafael Videla pueden verse sobre las obras.
En Santa Fe, el predio del Ejército denominado Campo San Pedro, donde funcionó un centro clandestino de detención, sufrió destrozos por parte de manos anónimas. Ese lugar es un Sitio de Memoria señalizado bajo ley nacional 26691 y por lo tanto bajo preservación para la verdad y por la justicia. Familiares de detenidos desaparecidos de esa provincia junto a la Secretaría de Derechos Humanos local hicieron público el hecho y presentaron denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Oral Federal. También denunciaron el robo de sus materiales y la sustracción de las rejas de la casa principal. En este lugar fue hallada una fosa clandestina en la que se recuperaron los restos de 8 militantes detenidos desaparecidos en 1977.
Desde el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 repudiamos enérgicamente estos actos y esperamos que se tomen todas las medidas posibles tanto para dar con los culpables como para la protección y restitución de estos lugares.
El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2) sentó posición ante a la situación de las personas privadas de libertad en contexto de pandemia. Algunas consideraciones sobre la justicia, la democracia y los derechos humanos.
Frente a la situación de la población carcelaria y la versión engañosa de que habrá liberación masiva de presos, desde el EPM exD2 -en coincidencia con organismos de derechos humanos que lo componen- ratificamos nuestro compromiso con la Justicia. Esta es la fortaleza que atraviesa nuestra historia.
En esa línea, sorprenden los dichos del gobernador Rodolfo Suarez colocándose por encima de la Justicia para determinar qué sucederá con los presos que solicitaron prisión domiciliaria. Asimismo, vemos con preocupación la doble vara utilizada por algunos actores sociales y medios de comunicación para abordar las prisiones domiciliarias otorgadas a los genocidas y las posibilitadas a otros detenidos por delitos menores.
Dada esta circunstancia, creemos necesario expresar nuestra posición y realizar algunas consideraciones imprescindibles.
El contexto de pandemia agrava la situación de ciertos colectivos en particular, por la mayor vulnerabilidad ante el posible contagio. En este grupo encontramos a las personas encarceladas, en tanto en caso de ingresar el virus a una cárcel, los efectos multiplicadores pueden ser desastrosos en términos humanitarios, considerando particularmente las condiciones de hacinamiento y carencia de condiciones de higiene dignas y seguras para la salud.
Es por ello que los organismos internacionales de derechos humanos, así como numerosos organismos nacionales, de la sociedad civil y de la propia justicia nacional y provincial, han tomado medidas y sugerido acciones de prevención y descompresión de las cárceles.
En este marco, algunos sectores sociales, políticos y mediáticos no han escatimado en tergiversar la información sentando una idea falaz: la liberación masiva de presos.
Los números provinciales y nacionales desmienten esto por completo y la Justicia ha dado sobradas explicaciones de que se está trabajando exclusivamente en la posibilidad de prisión domiciliaria de las personas en grupo de riesgo, o bien en las libertades condicionales y asistidas para quien legalmente se encuentran en condiciones de acceder a ellas.
La Justicia ha sentado también criterios para ello, desaconsejando medidas domiciliarias para quienes están por delitos graves y condenas largas, o por delitos contra el género o la integridad sexual, cuestión que compartimos.
Ahora bien, sorprenden dos cuestiones aquí. La primera es que la Justicia Federal, en particular la de Cuyo, ha dado una gran cantidad de domiciliarias a genocidas desde el primer momento de la pandemia. Es decir, el delito más grave de la escala penal, ha recibido una morigeración de la prisión sin mucho vericueto y sin ningún tipo de manifestación social y política en contra de estas.
¿Tenemos acaso una doble vara? ¿Nos parece más grave que una persona por hurto o robo vaya a su casa que que lo haga un genocida? De ser así, esto nos debe llamar a una profunda reflexión ética, social y política.
Por otra parte, ¿es este un tema que deba resolver un gobernador o el Poder Ejecutivo de cualquier nivel? La respuesta republicana es que no. Cualquier domiciliaria o libertad es una cuestión netamente jurídica y es el Poder Judicial el encargado de ello. Por lo que que un gobernador exprese que no liberarán presos de manera masiva ‒o a nadie‒ es una cuestión que funcionalmente le excede, pero además se asienta en una clara demagogia que lesiona la división de poderes y, por ende, la propia democracia.
Por último, la Justicia debe darle domiciliaria o libertad a quien corresponda, teniendo en cuenta la particular vulnerabilidad frente al contagio viviendo en hacinamiento y encierro. Y aquí, además de justicia, se requiere humanidad. Tanta humanidad como nuestra compañera Silvia Ontivero ha demostrado acordando con la domiciliaria de quien asesinó a su hijo Alejo. Tanta ética y humanidad como se requiere tenga la sociedad, la política, la justicia y los medios de comunicación.
Los organismos de derechos humanos nos identificamos en esta humanidad, en esta búsqueda incansable de justicia contra toda pretensión de venganza. No bajamos esta bandera frente a ningún contexto, pues es en esos valores en los que la memoria se asienta y fortalece. La situación carcelaria es parte de nuestra lucha, esta que sostenemos hace más de 40 años: una lucha incansable por la protección y defensa de los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia.
25-04-20 | El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2), del cual forma parte el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes (CPPT), rechaza la represión en el interior de penales provinciales.
Replicamos el comunicado que realizó el CPPT tras las últimas instancias de acuerdo logradas en la Unidad Penitenciaria III -penal destinado a mujeres y situado en la localidad de El Borbollón, Las Heras-.
Informe respecto a situación de mujeres privadas de libertad en U3 El Borbollón, Mendoza. 24 de Abril:
El Comité
de Prevención de la Tortura estuvo presente el día de la fecha en la Cárcel de
Mujeres del Borbollón, frente a los reclamos realizados por las mujeres allí
alojadas, y la respuesta represiva de la institución.
Se constituyó espontáneamente una mesa de diálogo, en la que estuvieron presente: Sebastián Sarmiento Juez de Ejecución Penal, Romina Cucchi Subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luis Romero Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Alfredo Guevara Abogado colaborador del Comité de Prevención de la Tortura, y Patricia Farina del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
El reclamo
de las mujeres tiene como fundamento el incumplimiento del Habeas Corpus
resuelto en el marco de la pandemia, principalmente el impedimento y requisitos
para el ingreso de celulares con cámara, a diferencia de otras unidades penales
de varones.
De la represión resultaron cinco mujeres heridas por balas de goma disparadas a corta distancia, quienes también participaron de la mesa de dialogo, al igual que una referente de cada Sector, donde dieron testimonio de lo sucedido. El Juez Sarmiento puso en conocimiento a la Fiscalía de Violencia Institucional a fines de tomar declaraciones de las mujeres heridas.
Se resolvió que, desde el lunes se permitirá el ingreso de celulares con cámaras como sucede en otros penales. Se atendió a las situaciones de pedidos de prisión domiciliaria. Las defensorías se comprometieron a trabajar cada una de las situaciones. Además se atendieron cuestiones relacionadas con reclamo de ingreso de alimentos.
Se acordó que el lunes próximo se realizará nuevamente la mesa de diálogo para descomprimir la situación, y la misma se sostendrá el tiempo que sea necesario.
COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
Desde el Consejo Directivo del EPM exD2 exigimos al Ejecutivo provincial y a la Justicia que instrumente todas las medidas y supervisiones necesarias para garantizar la sanidad, integridad y contacto con sus familias de las mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria III, lo mismo para todas las unidades penales de la provincia.
El Tribunal Oral Federal 1 –TOF 1‒ de Mendoza otorgó prisión domiciliaria a los procesados y/o condenados Carlos Ledesma, Segundo Héctor Carbajal, Oscar Simone, Oscar Bianchi, Pedro Linares, Juan Carlos Ponce y Omar Navarro. El mismo criterio adoptó el TOF 2 de San Rafael con respecto a Mario Ocampo. Mediante una acordada, la Cámara de Casación Penal Federal había instado a los jueces a resolver rápidamente los pedidos de domiciliaria y flexibilizar los criterios de otorgamiento debido a la pandemia provocada por el Covid-19. La fiscalía y la querella del MEDH recurrieron la medida sin resultados positivos.
En respuesta a la disposición de la instancia superior, los Tribunales Federales asentados en la provincia de Mendoza establecieron el arresto domiciliario “cautelar, excepcional y provisorio” de ocho detenidos por delitos de lesa humanidad. Estos quedarán a cargo de la Dirección de Promoción del Liberado y del Programa de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La dependencia se encargará de la colocación de un dispositivo de monitoreo interno y de observar la prohibición de salir del país. Asimismo, ordena que se libren los oficios para el cumplimiento de las medidas.
Los beneficiados
La Acordada N° 3/2020 de la Cámara de Casación Penal Federal está basada en el decreto de Presidencia de la República que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio de la ciudadanía debido a la pandemia del coronavirus. La Cámara insta a agilizar la resolución de los pedidos de prisión domiciliaria y señala que deben priorizarse las personas detenidas por delitos o penas leves ‒próximas a salir en libertad‒, las que tengan problemas de salud o integren grupos de riesgo. Según la disposición, las excarcelaciones deben ejecutarse con rapidez. Los abogados de los represores invocaron la edad y razones de salud para afirmar que sus representados se encuentran dentro del grupo de riesgo previsto por la norma y solicitaron que se los regresara a sus casas.
La prisión domiciliaria les fue concedida a:
Carlos Eduardo Ledesma: exoficial del Ejército, condenado a 22 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, privación abusiva de la libertad y torturas, cometidos contra mujeres concentradas clandestinamente en el Casino de Suboficiales del Ejército poco después del golpe del 24 de marzo del 76.
Carlos Ledesma
Segundo Héctor Carabajal: miembro del Destacamento de Inteligencia 144, condenado a 10 años de prisión por la apropiación de la nieta recuperada 117, Claudia Domínguez Castro. Fue hallado culpable de falsificación de documento público, así como de retención y ocultamiento de identidad de la hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, ambos desaparecidos. Por pedido de la querella a raíz de esta criticada medida, Carabajal tiene una consigna policial.
Héctor Carabajal
Oscar Simone: Personal Civil de Inteligencia –PCI‒ dependiente del Destacamento de Inteligencia 144, procesado en la causa que se encuentra actualmente en debate. Simone era empleado en la Dirección de Transporte y compañero de Roberto Blanco, secuestrado y desaparecido en 1976. Por este hecho llegó a juicio.
Oscar Bianchi: oficial del Servicio Penitenciario condenado a 6 años por asociación ilícita, privación abusiva de la libertad y tomentos agravados contra presos políticos alojados en la cárcel provincial de Boulogne Sur Mer.
Oscar Bianchi
Pedro Linares: agente penitenciario condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita y por encubrir los delitos cometidos contra los presos políticos que se hallaban en la Penitenciaría Provincial.
Pedro Linares
Juan Carlos Ponce: subcomisario de la Policía de Mendoza que revistaba en la Seccional 16 de Las Heras, está a la espera un nuevo veredicto después de que la Cámara de Casación revocara la absolución dictada por el TOF 1. Fue acusado por el encubrimiento de tres desapariciones acaecidas en su jurisdicción con intervención de personal bajo su mando.
Omar Navarro Moyano: miembro del Ejército perteneciente al Destacamento de Inteligencia 144, procesado en la causa actualmente en debate. Se profugó antes de iniciarse el noveno juicio, pero recientemente fue ubicado y detenido.
Mario Guillermo Ocampo: excoronel del Ejército procesado por el TOF 2 por la desaparición del soldado Félix Órdenes y por otros delitos cometidos en San Rafael y Gral. Alvear. Estuvo siete años prófugo y fue detenido en 2019. Simultáneamente, Ocampo debe responder ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín de la provincia de Buenos Aires por la causa que trata los asesinatos perpetrados en el marco de la Contraofensiva Montonera.
Preocupan particularmente las domiciliarias de Navarro y Ocampo que estuvieron prófugos hasta su detención, conducta que constituye un antecedente relevante para no obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Hay varios pedidos de prisión domiciliaria. Jorge López miembro de la Fuerza Aérea, detenido en el penal de Ezeiza, la solicitó pero le fue denegada por el TOF 1 por estar debidamente aislado. En cambio, están pendientes de resolución los pedidos a favor de José Garro y Guillermo Campanille. Por su parte, el TOF 2 de San Rafael debe dictaminar en los casos de Daniel Guajardo y Oscar Raúl Pérez.
Variados rechazos
Las prisiones domiciliarias otorgadas por los Tribunales Federales de Mendoza merecieron el cuestionamiento de las fiscalías, la querella del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, así como de las organizaciones sociales y organismos que nuclean a las víctimas de los detenidos.
Las unidades fiscales abocadas a los delitos de lesa humanidad radicadas en Mendoza y San Rafael respondieron a la solicitud de prisión domiciliaria de los ocho detenidos con similares argumentos. Admitieron que los beneficiados están comprendidos en el grupo vulnerable por su edad avanzada, pero pusieron en discusión el aislamiento preventivo para evitar la infección, prescripto por la norma. Según los fiscales, en las penitenciarías no hay casos de infectados ni sospechados en observación, mientras que el afuera de las cárceles es un ámbito que reviste mayor riesgo de contagio, por lo que expresaron preocupación por la medida.
Además, dictaminaron que se observe la igualdad ante la ley para todos los casos que se encuentran bajo la jurisdicción de los Tribunales Federales, de modo que las prisiones domiciliarias no se constituyan en un privilegio para los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Pablo Salinas y Viviana Beigel señalaron que, pese a ser querellantes por el MEDH y por Abuelas de Plaza de Mayo, no fueron consultados. Agregaron que las medidas tomadas por el tribunal ameritaban informes médicos exhaustivos de cada caso y la confirmación de que dentro de las cárceles existiera un riesgo cierto de contraer la enfermedad.
Asimismo, resaltaron que los delitos de lesa humanidad son los crímenes más graves previstos en el código penal e invariablemente tienen impacto sobre las víctimas. Este planteo concitó el apoyo de la Federación de Docentes Universitarios –CONADU‒ que a través de un comunicado acompañó el rechazo a las prisiones domiciliarias.
Distintos sectores se mostraron molestos por la concesión de esta medida por considerarla discriminatoria, ya que contraría las históricas demandas de los organismos de derechos humanos y complace los pedidos de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad sin argumentaciones sólidas, mientras desoye los urgentes reclamos de una amplia población carcelaria. Varias organizaciones advirtieron trato desigual por parte de la justicia.
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A 44 años del golpe militar del 24 de marzo que arrasó nuestras vidas, produjo la debacle económica del país y el terror social, reiteramos nuestro compromiso con la lucha de los pueblos.
En los pasados cuatro años atravesamos el negacionismo, el intento del 2×1 y la desaceleración de las políticas de Estado sobre el pasado reciente. Nos contraría la lentitud de la Justicia Federal y la liviandad con que se vienen otorgando prisiones domiciliarias a los militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad, mientras se las niega a los presos políticos, víctimas de causas arbitrarias, y aún en los casos en que peligra su vida.
Asimismo, es imprescindible que Mendoza adhiera a la Ley de Sitios de Memoria: para que se visibilicen los ex centros clandestinos de detención, el estado provincial cumpla con el apoyo del EPM ex D2 y promueva la demorada ley que lo formalice. También para evitar la banalización de la comisaría 7ma e incluirla en los términos de la ley de sitios.
Nuestra lucha fue inscripta en la historia del pueblo argentino por su libertad, hoy vulnerada por el Código Contravencional utilizado en especial contra jóvenes estigmatizados por la pobreza y el color de su piel o en la represión a gestas populares en defensa del agua y los bienes comunes. A ello se suman multas e imputaciones dirigidas a la ciudadanía por manifestarse en las calles.
En este día de la Memoria homenajeamos a Agustina Vera, Madre de Plaza de Mayo; Ramón Ábalo y César Boggia, por su compromiso militante; y a Sebastián Moro, muerto en la ciudad de La Paz, durante los días del golpe de estado en Bolivia.
Ratificamos todas y cada una de las históricas demandas sostenidas por los organismos de derechos Humanos y hoy con urgencia reclamamos:
– Celeridad de los juicios por delitos por delitos de lesa humanidad y cárcel efectiva para los genocidas – Adhesión de la Provincia a la Ley de Sitios de la Memoria – Independencia del Poder Judicial y libertad a los presos y perseguidos políticos
