Organismos en defensa de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

27-05-2020 | Los Organismos de DD. HH. que integran el Consejo Directivo del EPM exD2 se manifiestan contra la modificación de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte. Dicha área integra el Consejo de nuestro Sitio de Memoria y tiene participación activa en comisiones, proyectos y actividades. En caso de desmantelarse la Dirección, se dejaría a este Espacio sin uno de sus componentes fundadores. A continuación el comunicado completo.

   Mendoza, 27 de mayo de 2020

COMUNICADO PÚBLICO CONTRA LA AFECTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

Los Organismos de Derechos Humanos que conformamos el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 queremos manifestar nuestra preocupación por el proyecto de ley que el gobierno provincial envió a la Legislatura para ser tratado, que ya fue aprobado con los votos oficialistas de la cámara de Senadores y que presentan socialmente como el fin de los privilegios en el Poder Judicial.

No es intención emitir opinión sobre cuánto deben ganar los y las trabajadoras, funcionarias/os o magistrados/as del Poder Judicial, sino señalar que dicho proyecto afecta seriamente el funcionamiento de un área de derechos humanos que también forma nuestro EPM exD2: la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia (DDHyAJ).

La ley, tal como está planteada y ha sido aprobada, deja sin trabajo a dos mujeres profesionales y de probada experiencia, abogadas que accedieron a sus cargos actuales mediante debido concurso. Se trata de las Directora y Subdirectora de la DDHyAJ, respectivamente. Esta ley supone el posible desmantelamiento del área o por lo menos su desjerarquización; política que el gobierno provincial sostiene en materia de derechos humanos desde la gestión anterior.

La DDHyAJ integra el EPM exD2 desde el mismo momento de la entrega parcial del ex centro clandestino de detención y tortura a los organismos de derechos humanos. Es parte del Consejo Directivo y trabaja sostenidamente en las comisiones, proyectos y actividades del Espacio. Su posible desguace representa para el EPM exD2 la posibilidad de que uno de sus integrantes fundadores se pierda.

Durante todos estos años de funcionamiento de la DDHyAJ hemos trabajado conjuntamente en políticas de memoria, en la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, de las personas con problemáticas de salud mental así como en el acompañamiento en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, las personas que ocupan la Dirección han accedido a esos cargos por concurso público y de antecedentes, su formación y trayectorias personales avalan su ingreso, han sido puestas a consideración de un tribunal.

En Mendoza, la gestión política actual -al igual que la anterior- han avanzado sostenidamente contra las áreas de derechos humanos: desjerarquizó lo que era la Subsecretaría de Derechos Humanos dejándola en el rango de Dirección; la derogación del decreto 499/14 de creación del EPM exD2; el claro ordenamiento político de no tratar el

proyecto de Ley presentado por los Organismos de Derechos Humanos para dar existencia y sustento a nuestro EPM exD2; el proyecto de reforma de la ley del mecanismo local de prevención de la tortura –organismos que también integra nuestro Consejo Directivo- y se encuentra en serio peligro de ser de desarmado por completo; la falta de participación del gobierno como querellante en los juicios de lesa humanidad; la decisión de no conformar el órgano de revisión de la ley de salud mental, entre tantas otras medidas de claro avance contra las políticas de derechos humanos.

Asimismo, vemos desde hace tiempo con preocupación el avance contra el Poder Judicial, el intento de reforma y cooptación de la Suprema Corte de Justicia. El partido gobernante cuenta con mayorías propias en la legislatura y es la Justicia el último espacio no enteramente conformado por este gobierno. Se trata entonces de un intento antirrepublicano que debe ser visibilizado por los altos riesgos institucionales y políticos que conlleva.

Dentro y fuera de la Corte hay interesados en tener el Poder Judicial a su disposición, así como el control de todos los cargos jerárquicos que administran este Poder. Nos preguntamos, entonces, para ponerlos al servicio de quién o de qué intereses.

Finalmente, es nuestra intención expresar nuestra seria preocupación por este avance contra las políticas de Derechos Humanos y contra la Justicia, que -bajo pretendidos discursos de eficiencia y transparencia- lo que evidencia son lógicas de poder hegemónico, prácticas lesivas de derechos y garantías, y políticas de ajuste.

Esperamos que esta preocupación sea escuchada y atendida por funcionarixs y legisladorxs, somos directxs afectados como Espacio; y doblemente como ciudadanxs y militantes de derechos humanos.

Esperamos también que nos apoyen con la difusión de este Comunicado.

Organismos de Derechos Humanos del Consejo Directivo del EPM exD2

La opinión del EPM frente a la situación carcelaria

El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM exD2) sentó posición ante a la situación de las personas privadas de libertad en contexto de pandemia. Algunas consideraciones sobre la justicia, la democracia y los derechos humanos.

Frente a la situación de la población carcelaria y la versión engañosa de que habrá liberación masiva de presos, desde el EPM exD2 -en coincidencia con organismos de derechos humanos que lo componen- ratificamos nuestro compromiso con la Justicia. Esta es la fortaleza que atraviesa nuestra historia.

En esa línea, sorprenden los dichos del gobernador Rodolfo Suarez colocándose por encima de la Justicia para determinar qué sucederá con los presos que solicitaron prisión domiciliaria. Asimismo, vemos con preocupación la doble vara utilizada por algunos actores sociales y medios de comunicación para abordar las prisiones domiciliarias otorgadas a los genocidas y las posibilitadas a otros detenidos por delitos menores.

Dada esta circunstancia, creemos necesario expresar nuestra posición y realizar algunas consideraciones imprescindibles.

El contexto de pandemia agrava la situación de ciertos colectivos en particular, por la mayor vulnerabilidad ante el posible contagio. En este grupo encontramos a las personas encarceladas, en tanto en caso de ingresar el virus a una cárcel, los efectos multiplicadores pueden ser desastrosos en términos humanitarios, considerando particularmente las condiciones de hacinamiento y carencia de condiciones de higiene dignas y seguras para la salud.

Es por ello que los organismos internacionales de derechos humanos, así como numerosos organismos nacionales, de la sociedad civil y de la propia justicia nacional y provincial, han tomado medidas y sugerido acciones de prevención y descompresión de las cárceles.

En este marco, algunos sectores sociales, políticos y mediáticos no han escatimado en tergiversar la información sentando una idea falaz: la liberación masiva de presos.

Los números provinciales y nacionales desmienten esto por completo y la Justicia ha dado sobradas explicaciones de que se está trabajando exclusivamente en la posibilidad de prisión domiciliaria de las personas en grupo de riesgo, o bien en las libertades condicionales y asistidas para quien legalmente se encuentran en condiciones de acceder a ellas.

La Justicia ha sentado también criterios para ello, desaconsejando medidas domiciliarias para quienes están por delitos graves y condenas largas, o por delitos contra el género o la integridad sexual, cuestión que compartimos.

Ahora bien, sorprenden dos cuestiones aquí. La primera es que la Justicia Federal, en particular la de Cuyo, ha dado una gran cantidad de domiciliarias a genocidas desde el primer momento de la pandemia. Es decir, el delito más grave de la escala penal, ha recibido una morigeración de la prisión sin mucho vericueto y sin ningún tipo de manifestación social y política en contra de estas.

¿Tenemos acaso una doble vara? ¿Nos parece más grave que una persona por hurto o robo vaya a su casa que que lo haga un genocida? De ser así, esto nos debe llamar a una profunda reflexión ética, social y política.

Por otra parte, ¿es este un tema que deba resolver un gobernador o el Poder Ejecutivo de cualquier nivel? La respuesta republicana es que no. Cualquier domiciliaria o libertad es una cuestión netamente jurídica y es el Poder Judicial el encargado de ello. Por lo que que un gobernador exprese que no liberarán presos de manera masiva ‒o a nadie‒ es una cuestión que funcionalmente le excede, pero además se asienta en una clara demagogia que lesiona la división de poderes y, por ende, la propia democracia.

Por último, la Justicia debe darle domiciliaria o libertad a quien corresponda, teniendo en cuenta la particular vulnerabilidad frente al contagio viviendo en hacinamiento y encierro. Y aquí, además de justicia, se requiere humanidad. Tanta humanidad como nuestra compañera Silvia Ontivero ha demostrado acordando con la domiciliaria de quien asesinó a su hijo Alejo. Tanta ética y humanidad como se requiere tenga la sociedad, la política, la justicia y los medios de comunicación.

Los organismos de derechos humanos nos identificamos en esta humanidad, en esta búsqueda incansable de justicia contra toda pretensión de venganza. No bajamos esta bandera frente a ningún contexto, pues es en esos valores en los que la memoria se asienta y fortalece. La situación carcelaria es parte de nuestra lucha, esta que sostenemos hace más de 40 años: una lucha incansable por la protección y defensa de los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia.

Alejo Hunau y Silvia Ontivero