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22-11-2019 | Desde el EPM exD2 compartimos el relato de un intercambio de experiencias entre organizaciones y espacios de memoria locales y andaluces.

A partir de la ley de Memoria Histórica, España vive una etapa de apertura hacia la reparación por los crímenes cometidos durante el franquismo en la que las organizaciones sociales tienen un rol fundamental.

Con el propósito de conocer de cerca este proceso, desde el EPM ex D2 planteamos un espacio de intercambio de experiencias con las organizaciones memorialistas de Andalucía y el ente oficial creado por el Ayuntamiento de Sevilla, una de las pocas instancias estatales destinadas a ese fin.

Cabe recordar que en España se han contabilizado 150 000 personas muertas dentro de campos de concentración, obligadas a trabajos forzados, cuando no fueron fusiladas en forma sumaria y/o desaparecidas. En el caso de Andalucía, la cifra asciende a 45 500 y se pudo establecer que, para miles, su último destino fueron enterramientos masivos en fosas comunes.

Después de la muerte del Dictador, a ley de Amnistía de 1977 estableció la extinción de las responsabilidades penales para los delitos cometidos durante la guerra civil, a modo de encubrir crímenes cometidos por el franquismo.

Transcurridas tres décadas de impunidad, a fines de 2007, durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, se sancionó la ley de Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. La medida impulsó  la lucha que se venía desarrollando  en reclamo del esclarecimiento de los atropellos de la década del 30, como también por la identificación y localización de las víctimas. Organizaciones como “Asociación Nuestra Memoria”, “Todos los nombres” y otras,  así como las Asambleas Locales se mantienen movilizadas reclamando memoria y justicia.

Las herramientas de la Memoria

El Ayuntamiento de Sevilla cuenta con una oficina de Memoria Histórica a cargo de Lidia Acosta Martín. Ella, en un breve intercambio, puntualizó las actividades de señalización de los campos de concentración, homenaje a las personas republicanas represaliadas la dictadura y otras tareas de revisión histórica.

Por otro lado, aseguró que se inicarán las exhumaciones en el cementerio de San Fernando de Sevilla, por las que vienen luchando las organizaciones memorialistas. A la vez, reconoció que, gracias a su insistencia, la iniciativa se llevará a cabo en fecha cercana.

Por otro lado, Lourdes Farratell, nieta de Horacio González ‒periodista secuestrado y desaparecido en 29 de agosto de 1936‒, es integrante de la Asamblea de Familiares de la Gavidia y Gambogaz e integrante activa en este campo. Como parte del diálogo se mostró informada de los avances en Argentina e interesada y complacida por la recuperación de nuestros ex Centros Clandestinos de Detención.

 Según nos informó, en Andalucía ‒a nivel organizativo‒ existen algo más de 40 asambleas locales que convergen con las organizaciones de este campo en la Asamblea Memorialista de Andalucía. Vienen de una larga lucha contra el “pacto de Silencio”, sellado durante tres décadas. En el último tiempo han realizado varias intervenciones públicas  demandando la exhumación de 1 100  cuerpos enterrados en la fosa Pico Reja del cementerio, que se  completó en solo dos semanas después del golpe militar del 36. Por la fecha, Lourdes apuesta que su abuelo es uno de ellos.

Asimismo, relató que se vienen organizando distintas movidas para que el genocida Gonzalo Queipo de Llano, quien ordenó las masacres en Andalucía y responsable de la muerte de Federico García Lorca, sea retirado de la Iglesia de la Macarena donde fue enterrado con todos los honores.

En España, como aquí,  el ejercicio de la Memoria recoge huellas imborrables y las transforma  en banderas de lucha.