1-10-2019 | La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió la detención de 37 miembros del Departamento de Informaciones 2 (D2). La investigación de los crímenes cometidos en ese centro clandestino avanza con 43 imputados, de los cuales seis ya habían sido detenidos en junio.
Las tareas de inteligencia tramadas y ejecutadas por los integrantes del D2 fueron centrales en el accionar represivo antes y durante la última dictadura. Ayer, la Cámara Federal con sede en nuestra provincia hizo lugar al recurso interpuesto por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, responsable de la investigación de delitos de lesa humanidad. Por esta razón, detuvieron a 37 personas que integraron el D2, oficina medular de la represión local. Avanzará el juicio por los crímenes cometidos contra más de 300 víctimas.
La imputación inicial, de abril del 2018, era contra 48 acusados. Pero con el paso del tiempo fallecieron cinco y por eso la causa continúa con los 43 restantes. De ese total, diecinueve están acusados por primera vez en un juicio por delitos de lesa humanidad.
El juez de instrucción, Walter Bento, había hecho lugar a las primeras seis detenciones pero los jueces de Cámara Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios decidieron ejecutar las 37 detenciones nuevas. Fue después de una audiencia donde estuvieron presentes el fiscal general, Dante Vega, y representantes de las querellas del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Desde 2010 se desarrollan en Mendoza los juicios por crímenes de lesa humanidad. A lo largo de los años, se ha imputado a militares, policías y civiles -el famoso “juicio a los jueces”– la responsabilidad por privaciones ilegales de libertad, homicidios, tormentos, apropiación de menores, abuso sexual, asociación ilícita, entre otros. Las investigaciones en este sentido hicieron que desde la Cámara mendocina, los jueces decidieran avanzar con el pedido de la fiscalía. Así, ordenaron la detención e indagatoria de más de 40 acusados, por delitos cometidos contra más de 300 víctimas.
Los camaristas Pizarro y Castiñeira de Dios resolvieron mantener la situación procesal de los ya detenidos y aprehender en su domicilio a los otros diecinueve, hasta que el Cuerpo Médico Forense evalúe su estado de salud. La detención se fundamenta en variada jurisprudencia y diversos lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evitar el riesgo procesal que implica el entorpecimiento de la investigación.
