18-09-2025 | Durante la última dictadura, el Departamento de Informaciones Policiales de Mendoza espió, persiguió y fichó a miles de personas. Lo que comenzó como un archivo de control y represión hoy es memoria histórica y testimonio contra el olvido. La historia del Archivo Provincial de la Memoria Susana Muñoz.

La represión no fue improvisada ni antes ni durante la dictadura. Las patotas que salían del Departamento de Informaciones Policiales, conocido como D2, sabían con exactitud a dónde dirigirse. Tenían las direcciones de las personas que buscaban, conocían sus rutinas, los trabajos a los que asistían y los grupos de los que participaban. Cada operativo estaba sostenido por un trabajo sistemático de inteligencia y espionaje.

El D2 no era solo un centro clandestino de detención y tortura: era, sobre todo, una maquinaria de información. Sus agentes realizaban tareas de infiltración en sindicatos, universidades, organizaciones sociales y políticas, pero también cumplían funciones visibles como custodios en bancos, oficinas estatales y dependencias públicas. Desde esos lugares estratégicos observaban, tomaban notas, sacaban fotos y elaboraban informes. Estudiaban la prensa, registraban escuchas y armaban un mapa detallado de las vidas que querían controlar.

Ese trabajo culminaba en fichas y legajos que marcaban el destino de miles de personas. Quien quedaba “fichado” pasaba a integrar el engranaje de persecución que podía derivar en un secuestro. La detención clandestina se acompañaba de interrogatorios bajo tortura, diseñados no solo para castigar sino para arrancar nuevos datos que alimentaran el circuito represivo. Así se retroalimentaba un sistema que perseguía a militantes, sindicalistas, estudiantes, artistas y, en definitiva, a cualquiera que fuera señalado como “subversivo”.

Con el paso del tiempo, gran parte de esa documentación fue destruida deliberadamente por las fuerzas. En especial, se borraron los rastros de las personas detenidas-desaparecidas. Sin embargo, miles de fichas, prontuarios políticos e informes policiales pudieron ser rescatados y entregados a los organismos de derechos humanos, la mayoría, de la década del 90. Son cientos de cajas que abarcan más de tres décadas de espionaje político-ideológico, entre 1964 y 1998.

Los agentes del D2 creían estar construyendo un archivo policial para vigilar a la sociedad mendocina. Sin saberlo, también estaban levantando un archivo histórico, un registro de la persecución que hoy constituye una prueba invaluable para comprender el terrorismo de Estado y sus continuidades.

En esos documentos aparecen nombres de militantes de partidos y organizaciones, pero también de artistas, deportistas, personas en situación de calle, jóvenes vinculados al rock e incluso integrantes de sectas religiosas. El espectro de la vigilancia era tan amplio que muestra hasta qué punto la sospecha atravesaba la vida cotidiana y se convertía en un modo de control social.

La documentación pasó por distintos lugares hasta que, con la recuperación del edificio del D2 como Espacio para la Memoria, regresó al Palacio Policial. Esta vez no como herramienta de persecución, sino como fuente de memoria histórica.

El trabajo de organización y conservación de esos archivos comenzó con la tarea incansable de Susana Muñoz, quien durante años sostuvo en soledad la clasificación de miles de documentos. Hoy, un equipo continúa esa labor bajo el nombre de Archivo Provincial de la Memoria “Susana Muñoz” y garantiza que esos papeles no vuelvan a ser escondidos ni silenciados.

A pesar de las pérdidas irreparables en el acervo documental, lo que se conserva permite reconstruir fragmentos de historias personales y colectivas, aportar pruebas a los juicios por delitos de lesa humanidad y sostener un ejercicio activo de memoria.

El Espacio para la Memoria de Mendoza cumple diez años y, con él, el archivo cobra una nueva dimensión: la de un patrimonio social que interpela al presente. Contar esta historia no es solo mirar hacia atrás, sino reafirmar el compromiso de que nunca más la vigilancia y la represión se impongan sobre los derechos y las libertades.